Los vehículos de BYD no podrán ingresar desde el lunes 26 de octubre a la base aérea estadounidense de Kadena, ubicada en Okinawa, Japón. La medida alcanzará a automóviles particulares, taxis, unidades de reparto y vehículos utilizados por contratistas, los que serán rechazados en los accesos por el personal de seguridad.
La información fue adelantada por la agencia surcoreana Yonhap y posteriormente confirmada por Reuters con la propia base. Su portavoz, la teniente coronel Alli Stormer, afirmó que estos vehículos representan un riesgo “inaceptable e imposible de mitigar” para el personal y las operaciones, aunque no explicó qué antecedentes concretos llevaron a adoptar la decisión.
Ojo que no se trata de una prohibición general contra BYD en Japón, ni tampoco de una orden aplicable a todas las instalaciones militares de Estados Unidos. Hasta ahora, la restricción está confirmada únicamente para Kadena y las Fuerzas Estadounidenses en Corea ya señalaron que no han modificado sus políticas de acceso para vehículos chinos.
¿Cuál sería el riesgo?
Los primeros reportes relacionan la medida con las cámaras, sensores y conexiones a internet presentes en los autos, debido a que podrían registrar imágenes o recopilar información dentro del recinto. Sin embargo, no se ha publicado un informe técnico, tampoco se ha informado de algún incidente y no existen pruebas públicas de que un vehículo BYD haya transmitido datos desde la base.
Kadena no es una instalación cualquiera: la propia Fuerza Aérea la define como la mayor base estadounidense de la región Asia-Pacífico y allí opera la 18ª Ala, junto con aviones, sistemas de radar y otras capacidades estratégicas. Esa condición ayuda a explicar el nivel de precaución aplicado.
La decisión llega cuatro meses después de que el Departamento de Defensa incluyera a BYD en su listado de compañías que considera vinculadas con la estrategia de fusión militar-civil de China. El organismo fundamentó esa clasificación en supuestas relaciones con entidades industriales estatales, mientras BYD rechazó las acusaciones, aseguró que no es una empresa militar y anunció que recurriría a vías administrativas y legales.
